Caso Humala Heredia: la controversia por el allanamiento de su vivienda

Una polémica medida del juez Concepción Carhuancho ha puesto a la ex pareja presidencial como víctima de un supuesto atropello

Allanamiento a la vivienda de los Humala Heredia. Video: América TV / Foto: Andina

El último lunes, personal de la fiscalía acompañado por efectivos de la Sub Unidad de Acciones Tácticas PNP incautaban 5 propiedades inmuebles, entre ellas la vivienda de la familia Humala Heredia. Sólo una semana antes Ollanta y Nadine habían salido de la cárcel luego que el Tribunal Constitucional declarara que la prisión preventiva en su contra era excesiva e injusta. Ahora el expresidente y su esposa eran despojados de la casa familiar a pedido del fiscal Germán Juárez Atoche y por orden del juez Richard Concepción Carhuancho. Una polémica medida que ha sido duramente criticada desde diversos frentes y que sin duda alguna ha puesto a la ex pareja presidencial, ante la opinión pública, como víctima de lo que parece ser un atropello.

Pero vayamos por partes. Primero debemos entender qué es exactamente una incautación y cuál es su finalidad en el marco de una investigación penal. Y la ley es clara sobre en qué supuestos procede la incautación.

Ollanta Humala y Nadine Heredia son investigados por el presunto delito de lavado de activos, un ilícito que se habría cometido durante las campañas electorales del 2006 y del 2011. El argumento del juez Concepción Carhuancho para ordenar la incautación fue que esta casa, por ejemplo, se habría cancelado con dinero de procedencia ilegal y era necesario quitársela a sus propietarios para asegurar el pago de una eventual reparación civil en favor del Estado.

Otro motivo para considerar que la medida fue innecesaria es precisamente que ya existía una orden de embargo contra la propiedad y una prohibición para que sus propietarios no pudieran disponer de ella.

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Para la pareja Humala Heredia y sus abogados, la decisión de incautar sus propiedades y cuentas bancarias no tendría otra motivación que la venganza, pues la fiscalía ingresó su pedido de incautación el 11 de abril, al día siguiente de que la decisión de los magistrados del TC quedara empatada y ya se especulaba que el magistrado faltante, Eloy Saldaña Espinoza, votaría a favor de ordenar la libertad de la pareja.

Sumado a eso, el juez Concepción Carhuancho le dijo sí al pedido de la fiscalía justo al día siguiente de que el Tribunal Constitucional fallara definitivamente a favor de liberar a Humala y Heredia. Una sentencia que motivó que los abogados de la pareja recusaran al juez por considerar que su actuación en la investigación no es imparcial.

Además de la vivienda de la familia Humala Heredia, la fiscalía un terreno de propiedad de la pareja, la casa de la madre de Heredia, Antonia Alarcón. Además de incautar una propiedad en La Molinay un departamento en La Victoria, propiedades de la amiga de Nadine Heredia, Rocío Calderón Vinatea. También fueron incautados 5 vehículos y 14 cuentas bancarias, incluidas las del Partido Nacionalista y de las hijas menores de edad de la pareja Humala Heredia.

En el caso de la vivienda familiar, sucedió algo que le añadió controversia a la incautación. Por la mañana del martes se hizo público que el juez Concepción Carhuancho, atendiendo a un pedido de la defensa de la pareja Humala Heredia, le concedió a la familia un plazo de 30 días para desocupar el inmueble argumentando que era necesario proteger a los hijos de Ollanta y Nadine de una medida intempestiva como la que se estaba ejecutando.

Sin embargo, los Humala Heredia ya habían abandonado la residencia por la madrugada y el juez Concepción Carhuancho, enterado de este hecho, decidió dejar sin efecto el plazo de 30 días que les había concedido.

Estas decisiones del juez fueron duramente criticadas, incluso por el propio presidente del Poder Judicial, quien las calificó como “marchas y contramarchas” que dejan una mala imagen de ese poder del Estado. Además, criticó duramente la evidente coincidencia de criterios entre la fiscalía y el juez en este caso. Y hasta el ministro de justicia tuvo duras palabras para Concepción Carhuancho.

El jueves, Concepción Carhuancho se defendió de las críticas y afirmó que la defensa de los Humala Heredia había sido notificada, vía casilla electrónica, la noche del lunes de la suspensión de la desposesión y que a pesar de esto continuaron desalojando el inmueble, dando a entender que abandonaron la casa sin necesidad de hacerlo con el único objetivo de victimizarse.

Efectivamente, la defensa de los investigados fue notificada vía casilla electrónica la noche del lunes. Concepción Carhuancho afirma que no sólo notificó digitalmente a Nakazaki, sino que además su secretaria lo llamó a su celular y le envió un mensaje de texto sin obtener respuesta.

Para el abogado de Ollanta y Nadine, el juez debió notificar a alguien más si su interés en suspender la diligencia era legítimo.

Finalmente, Ollanta Humala, Nadine Heredia y sus hijos menores de edad abandonaron la vivienda y pasaron esa noche repartidos en casa de varios familiares y amigos. Convirtiéndose en víctimas de un supuesto abuso perpetrado por nuestro sistema de justicia, que da la impresión que no mide a todos con la misma vara.

Si comparamos este caso con el de los demás ex presidentes y candidatos investigados por lavado de activos, podemos ver claramente que la justicia ha sido mucho más severa con Humala y Heredia que con los demás, quienes a excepción de Alejandro Toledo no tienen en su contra orden de prisión preventiva, embargos o despojo de bienes.

Pero quizás el efecto más pernicioso de todo lo acontecido esta semana es que la victimización de la pareja Humala Heredia ha desviado completamente la discusión hacia la pertinencia o no de las medidas adoptadas por el juez Concepción Carhuancho a pedido de la fiscalía, dejando completamente de lado el tema de fondo, es decir si son culpables o inocentes de lo que se les acusa. Sumado a eso, la fiscalía aún no presenta una acusación formal contra la pareja.

¿Recibieron Ollanta Humala y Nadine Heredia dinero ilícito de la Venezuela de Chávez y de la empresa Odebrecht en las campañas del 2006 y el 2011? Esa es la pregunta que tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial deberían preocuparse por responder. El fiscal de la nación ha anunciado que la fiscalía tendrá lista la acusación en las próximas semanas.