Bartra niega que hayan pedido levantamiento del secreto bancario a medios de comunicación

La presidenta de la comisión Lava Jato del Congreso, Rosa Bartra, desmintió que su grupo de trabajo haya decidido solicitar que se levante el secreto bancario y tributario de empresas de comunicación tras las investigaciones que han realizado a la empresa Odebrecht.

Recordemos que, La República afirmó que esta comisión pidió el levantamiento del secreto bancario, además de la reserva tributaria, la reserva bursátil y, de ser el caso, el secreto de las comunicaciones a empresas de comunicación y personas naturales dedicadas a actividades de comunicación.

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“Lamento que un medio de comunicación de alcance nacional difunda y propale información falsa. Lo que han difundido es falso, no se ha levantado el secreto bancario de las personas naturales y jurídicas que señala esta nota”, explicó.

Es por ello que, exhortó a tener máxima responsabilidad cuando se trata del honor de las personas, “cuando se trata de proteger derechos fundamentales nosotros no podemos ser ligeros, precisamente esa es la razón por la cual nosotros siempre respondemos que corresponde a la reserva de la investigación”, agregó.

“No es cierto que se haya solicitado el levantamiento de la reserva del secreto bancario de ninguna de las personas que se ha presentado en el informe periodístico”, reiteró Bartra.

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Por su parte, Víctor Andrés García Belaunde, miembro de dicha comisión de trabajo, explicó que, lo que se ha hecho es pedir información a la Sunat de las empresas que pueden haber hecho negocios con las empresas de Odebrecht.

“Es un tema que ya terminó, tampoco se va a recomendar nada porque eso fue simplemente una decisión de unos seis meses atrás para pedir información a la Sunat de las empresas que estaban vinculadas a Odebrecht, pero eso fue un simple borrador (…) En el caso de las empresas periodísticas no hay ninguna que haya pasado a la parte de conclusión o recomendación, no están en los informes”, expresó.

Por otro lado, La comisión Lava Jato encontró responsabilidad en César Acuña y en otros funcionarios por la concesión de la tercera etapa del proyecto Chavimochic a una empresa asociada a la empresa brasileña Odebrecht.